Contundente comunicado de Shakira por el asunto del fraude fiscal

Shakira se expresa muy duramente contra Hacienda

La defensa de la cantante colombiana Shakira ha acusado la Agencia Tributaria de querer perjudicar su reputación con la acusación de fraude fiscal y de vulnerar sus derechos y su intimidad, pidiendo información incluso médica. La fiscalía lo acusa de simular que vivía fuera de España cuando ya vivía en Barcelona con el futbolista del Barça Gerard Piqué, y le pide 8 años y 2 meses de prisión por supuestamente defraudar 14,5 MEUR entre el 2012 y el 2014 en el IRPF y el Impuesto de Patrimonio, además de 23,7 millones de multa y 18 años y un mes sin recibir incentivos fiscales. En un comunicado, la defensa dice que el artista ha pagado todos los impuestos a nivel mundial y que aquellos años no pasó ni la mitad del año en España.

La cantante y la fiscalía habían negociado un posible pacto, pero finalmente Shakira lo descartó alegando que era “abusivo”, que se considera inocente y que ya ha pagado más de 17 millones de euros a Hacienda para intentar regularizar su situación fiscal.

Según la defensa, Shakira es una contribuyente que siempre ha tenido una conducta fiscal “impecable y nunca ha tenido problemas tributarios en jefa otra jurisdicción”. La cantante se apoyó en asesores de prestigio como PriceWaterhouseCoopers y “nunca superó los 183 días de presencia en España requeridos para ser residente fiscal”. “Sin haberse presentado evidencias fehacientes que soporten las acusaciones, se lo ha perseguido enconadamente en el ámbito penal y mediático usando métodos inaceptables para atacar su reputación y forzándola a llegar a un acuerdo”. Shakira recuerda que ya ha pagado más de 90 millones de euros por rentas mundiales que no han sido generadas en España y por su patrimonio internacional, sin tener su centro de negocios en el estado, “donde nunca obtuvo beneficios significativos”.

Según el escrito de defensa presentado por el despacho Molins, Hacienda “acusa sin pruebas a Shakira de su presunta residencia en España”. Por el contrario, Shakira dice que cuenta con “datos fehacientes que acreditan su vida itinerante” y confirmarían que el artista no llegaba a superar el umbral de más de 183 días en España durando cada uno de los años que se le imputan. “En su acusación, la Agencia Tributaria no ha tenido en cuenta el modus vivendi de los artistas la carrera de los cuales se desarrolla a nivel internacional, y tampoco ha considerado debidamente que, así que la cantante acabó sus compromisos internacionales y se pudo asentar en España, coincidiendo con la escolarización del hijo mayor a finales de 2014, fue ella misma quién, con total transparencia y buena fe, se declaró residente fiscal al país, en una muestra inequívoca de su voluntad de cumplir todas sus obligaciones ante el fisco español”, dice el comunicado.

“Las acusaciones pretenden presentar Shakira como una artista que quería eludir el pago de impuestos a las jurisdicciones con que tenía vínculo, cuando la realidad es que, desde el año 2011 hasta la actualidad, ha pagado impuestos a nivel mundial por un importe global que supera los 104 millones de euros, de los cuales 90 millones han sido abonados a la hacienda pública española”, añade la defensa.

También consideran que “como muestra de la presión mediática que se pretende ejercer sobre Shakira para conseguir que se declare culpable, resulta difícil de entender que Hacienda extienda su reclamación incluso en 2011, cuando aquel año la cantante pasó como máximo un total de 60 días en España, es decir, menos de un tercio de los días requeridos para ser residente fiscal”. Aquel año actuó en Abu Dabi, Bolonia, Budapest, Bucarest, Belgrado, Croacia, Múnich, Beirut, Minsk, San Petersburgo, Moscú, Rabat, León, Tijuana, Hermosillo, Génova o Puerto Rico, en el marco de la suya gira mundial. En los años posteriores fue contratada por la cadena norteamericana NBC para participar como jurado en el programa ‘The Voice USA’, cosa que le exigía su presencia física en los Estados Unidos junto con su primer hijo. Se trata, en todos los casos, de hechos notorios, públicos y registrados con numeroso material fotográfico y audiovisual que los avalan.

Otro elemento que permitiría atribuir la residencia fiscal en España seria que este país habría sido el centro de actividad económica de la cantante. Sin embargo, España supone tan solo el 2% del origen de sus ingresos mundiales, mientras que su centro de negocios e intereses profesionales se encuentra principalmente en los Estados Unidos. Esto, según la defiende muestra, una vez más, “la escasa razonabilidad de la persecución de la hacienda española, que invierte cuantiosos recursos públicos en una causa en que no tiene indicios para sostener una acusación”.

Por todo esto, la cantante voz “inaceptable el hecho que en su acusación la hacienda pública no esté respetando la seguridad jurídica que se tiene que garantizar a cualquier contribuyente”, ni tampoco sus derechos fundamentales, así como que “se pretenda dañar una reputación ganada con el trabajo de muchos años”. “Resulta especialmente sorprendente que Shakira esté afrontando una acusación tan grave cuando no ha tenido nunca problemas en otras jurisdicciones de las decenas en que ha tributado”, lamentan sus abogados. Además, durante aquellos años contaba con el asesoramiento legal de PricewaterhouseCoopers, empresa de prestigio internacional.

Según Shakira, Hacienda ha vulnerado sus derechos fundamentales como el de la intimidad y la presunción de inocencia. “Así, ante la imposibilidad de probar que Shakira residió en España el mínimo necesario para hacer valer su acusación, Hacienda ha recurrido a métodos tan poco ortodoxos e inaceptables como el requerimiento de datos privados a hospitales en que pedía cita la cantante”, dicen los letrados. Además, consideran que algunos altos representantes de Hacienda han hecho declaraciones a mediados de comunicación incumpliendo sus deberes de reserva y asegurando que ya es culpable sin respetar el derecho a la presunción de inocencia que rige al ordenamiento jurídico español, como herramienta de presión con hasta recaudatorios.

Todo esto ha pasado, según la defensa, “mientras se creaba y trasladaba un relato artificioso que daba apariencia de presencia permanente de Shakira en territorio español, mientras que el que en realidad se producían eran presencias esporádicas, resultando así en una acusación basada en simples conjeturas”. Como ejemplo de esto, la acusación cuenta todos los pagos realizados con una serie de tarjetas de crédito pertenecientes a su equipo y familiares efectuados en España para sumar días de presencia de Shakira en este país, sin tener en cuenta que, en muchas ocasiones, hay pagos realizados simultáneamente en diferentes lugares del mundo, sin que el artista se encontrara físicamente en estos lugares donde se estaban haciendo los pagos. “En su afán recaudatorio, la Inspección de la Agencia Tributaria ha llegado incluso a utilizar a los informes fechas y hechos abiertamente contradictorios entre ellos”.

La defensa también considera “especialmente desafortunado” que Hacienda “pretenda convertir el acto del juicio oral en un tipo de circo mediático para dañar el prestigio del artista”. “Solo así se puede interpretar que se hayan citado a declarar como testigos centenares de personas que poco o nada pueden aportar sobre el lugar de residencia de Shakira, como todos los vecinos de la escala donde residía la pareja o personas que coincidieron con ella en escasas ocasiones o la entrevistaron una sola vez”, dice el comunicado.

“Todo parece apuntar que el objetivo de la hacienda pública con tanto inusuales actuaciones seria forzar que Shakira se declare culpable, para evitar el mal reputacional que el acto del juicio pueda ocasionarle y utilizarla a la vez con fines ejemplarizantes para el resto de contribuyentes españoles”, asegura.

Shakira asegura que continúa manteniendo su firme voluntad de cumplir todos sus deberes tributarios en España, igual que en todos los países donde ha residido o actuado durante su dilatada carrera profesional. Finalmente, Shakira quiere expresar su absoluta confianza en la independencia de la justicia española y su firme convicción que, después del juicio, prevalecerá su plena inocencia.

Versión de la fiscalía

Según la fiscalía, Shakira vivía en Barcelona desde el 2012 y desde febrero del 2013 lo hacía en Esplugues de Llobregat, en una casa que compró junto con Piqué a través de una sociedad de inversiones el mayo del 2012. El hijo grande de los dos nació el 2013. La cantante viajaba a menudo al extranjero por motivos profesionales pero con estancias muy cortas, excepto en los Estados Unidos, donde hizo de jurado en el programa televisivo ‘The Voice’, y se estuvo 61 días, 118 días el 2013 y 117 días el 2014. Una vez acabadas sus actividades profesionales y de ocio, Shakira volvía a España, dice el escrito del fiscal, que considera que las ausencias eran “esporádicas”. De hecho, calcula que estuvo en el estado 242 días el 2012, 212 el 2013 y 243 el 2014, y añade los viajes en el extranjero porque no considera que fueran para residir en otro país, sino simplemente viajes de trabajo u ocio.

Por eso, Hacienda considera que Shakira residió todos los días del año en España, muchos más de los 183 establecidos como mínimo para tributar, y por eso tenía la obligación de tributar “por la totalidad de su renta mundial con independencia del lugar donde se hubiera producido y fuera qué fuera la residencia del pagador”. También tenía la obligación de tributar por todo su patrimonio, independientemente del lugar donde se encontrara o donde se hubiera generado.

La cantante, según la fiscalía, era consciente que tenía que tributar en España, pero utilizó un entramado societario creado años antes y que no modificó sustancialmente para evadir impuestos. Así, formalmente eran las sociedades las que figuraban como titulares de las percepciones de las rentas y el patrimonio, en lugar de figurar ella misma, que solo figuraba en último lugar y en algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales, donde de forma indirecta iba a parar la mayor parte de la renta, de la cual dispuso en beneficio propio. El escrito de fiscalía enumera 14 sociedades con sedes en Holanda, Malta, Luxemburgo, Islas Verges Británicas, Estados Unidos, Panamá, Islas Caimán, Barcelona y Madrid. Cuatro de estas entidades cobraban los ingresos procedentes de su carrera musical y de publicidad.

El dinero que cobraban algunas de estas empresas por los derechos de autor, imagen y otras de la cantante eran transferidos a otras empresas simulando servicios o créditos. Las sociedades no tenían ni medios materiales ni humanos para hacer ninguna actividad y los gastos que tenían eran los pagos a despachos especializados en la administración de este tipo de empresas. La única relación que Shakira tenía con las Islas Verges Británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá o Luxemburgo era el domicilio de las sociedades a través de las cuales canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional.

La acusada, con la colaboración y asesoramiento de determinados profesionales, realizó acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados ‘tax rulling’, para fijar condiciones específicas y privilegiadas de tributación. El primer acuerdo fue firmado el 2008, el segundo el agosto del 2012 y lo tercero el diciembre del 2013. Estos acuerdos produjeron una tributación fiscal mínima que llegó al 2% de la renta bruta generada, y permitieron que el 94% de las rentas fueran transferidas a cuentas o sociedades situadas en paraísos fiscales. No obstante, Shakira no incluyó en los acuerdos todas las sociedades que controlaba directa o indirectamente, ni todas las rentas percibidas, sino solo las que recibía a través de la única sociedad con sede en Luxemburgo.

Los últimos dos acuerdos con Luxemburgo los subscribió cuando ya vivía en España y no los comunicó a las autoridades estatales, dice la fiscalía.

Por todo esto, Hacienda y fiscalía calculan que del 2012 al 2014 ingresó unos 35 millones de euros por su actividad profesional y otros rendimientos inmobiliarios y bancarios. Habría defraudado 5,6 millones de euros de IRPF el 2012, 3,1 millones en 2013 y 3,4 el 2014, o sea unos 12,2 millones en total.

Sobre el Impuesto del Patrimonio, Hacienda calcula que Shakira tenía seis inmuebles, algunos de ellos compartidos, en las Bahamas, Miami, Nueva York, Uruguay, y Barranquilla (Colombia), valorados en 6,3 millones de euros. La casa de Esplugues que compartía con Piqué al 50% estaba valorada entre 3,1 y 4,7 millones de euros. Shakira controlaba la mitad del a propiedad a través de una sociedad panameña. También tenía un avión privado que el 2014 se vendió por 820.000 euros. Además, tenía unos activos financieros de entre 117 y 142 millones de euros. Por todo esto, y descontando los gastos deducibles, el valor total del patrimonio de la cantante pasó de los 99,4 millones el 2012 a los 117,6 millones el 2014. Por eso, Hacienda calcula que Shakira defraudó a la Agencia Tributaria de Cataluña 999.000 euros el 2012, 526.000 el 2013 y 624.000 el 2014, o sea unos 2,1 millones de euros en total.

El octubre del 2015 la Agencia Tributaria española inició una inspección fiscal a Shakira, que se le comunicó el junio siguiente. El noviembre del 2018 presentó declaraciones de IRPF e ingresó 12,3 millones de euros. El marzo del 2019 pagó 2,3 millones de intereses de demora. El diciembre del 2018 pagó 2,1 millones de euros a la Agencia Tributaria de Cataluña por el impuesto de patrimonio, y el marzo siguiente pagó 409.000 euros por los intereses de demora. En total pagó unos 17,2 millones de euros para intentar regularizar su situación.

Por todo esto, la fiscalía lo acusa de seis delitos contra la Hacienda pública con la agravante de cantidad y el uso de personas jurídicas interpuestas, por la defraudación del IRPF y el Impuesto del Patrimonio del 2012, 2013 y 2014. Le pide que devuelva el importe supuestamente defraudado con un recargo de entre el 10 y el 90% según el año y el impuesto. Para el juicio, el ministerio público pide hasta 37 testigos, muchos de ellos al extranjero, y varias periciales de técnicos de Hacienda. La Abogacía del Estado lo acusa por los tres fraudes en el IRPF de 12,5 millones en total, y la Generalitat lo acusa por el fraude en el Impuesto de Patrimonio.